Un protocolo firmado en 2005 por los entonces máximos responsables del PPCV, PSPV-PSOE y Bloc ha obligado al Consell a modificar el plan zonal para respetar el plan de residuos de la Vall d’Albaida ya que el protocolo comprometía a estos partidos a hacer respetar desde el gobierno de la Generalitat Valenciana iniciativas como el plan de minimización de residuos de la Vall d’Albaida.

En su día, este protocolo fue planteado como «un gran pacto para evitar problemas en la gestión de residuos», y exponía en su apartado tercero que «en la ejecución de los planes zonales se respetarán todas las iniciativas que, individualmente o a través de Mancomunidades, hayan iniciado los Ayuntamientos respecto a la implantación de un gestión adecuada de sus residuos dentro de la ordenanza y el marco legal vigente».

El acuerdo fue expuesto en el pleno del Ayuntamiento de Ontinyent por la concejala de Territorio, Rebeca Torró, en el punto en el que se hablaba de las alegaciones a la tasa impuesta por el Consorcio de Residuos y que fueron aprobadas de manera unánime por todos los grupos.

Torró explicó que ese párrafo «se incluyo precisamente por la Vall d’Albaida, la única comarca que tenía un plan de minimización de residuos» y en el mismo documento se explicaba que en aquellos casos en los que existan contradicciones en la planificación o aparezcan dificultades para ejecutar las previsiones de un plan zonal la Generalitat «procederá a modificar el plan zonal en aquel aspecto que ocasiones problemas para su ejecución».

El portavoz popular y expresidente de la Mancomunidad, Filiberto Tortosa, aseguró que bajo su mandato «se defendió el plan de minimización».

En ese sentido ha señalado que el PP de Ontinyent «va a seguir apostando para que, conforme se aprobó en el año 1999 en el plan de minimización de la comarca, el tratamiento y la eliminación de los residuos que generemos sean encargados a la Mancomunidad y no se gestionen desde fuera, desde el consorcio».

El alcalde de la ciudad, Jorge Rodríguez, hizo un llamamiento para que sea «en sede parlamentaria y no judicial donde se llegue a la solución que se necesita para un problema que es político, en el que unos tienen más responsabilidad que otros y donde se tiene que ver la capacidad del partido con mayoría absoluta para modificar esta orden».

Mientras el edil de EU, Manuel Ruiz, señaló que «se quiere cambiar un modelo de recogida y tratamiento de residuos que hemos ido tejiendo en la comarca durante años y ahora el cambio que nos plantean cambia el modelo medioambiental y aumenta los precios por la prestación de servicios».

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Fran Quesada, hizo referencia a numerosos detalles de la tasa donde «aparte de la desproporción de los precios» el consorcio determina una reestructuración de los ecoparques que «incumple normas».